Luis Loaiza: Autoritarismo y cambio - BuhoWeb.com

La autoridad es un concepto central, tanto de las ciencias jurídicas como de las políticas, para comprender los fenómenos de poder y se refiere específicamente a un poder legítimo, del cual se deriva estabilidad y disposición a obedecer. Por tanto, se entiende que la obediencia incondicional a los mandatos o a las directivas provenientes de una determinada fuente, depende de su legitimidad. Pero, ¿qué pasa cuando el poder es ilegítimo o se deslegitima en su desempeño?

Con Mahatma Gandhi y su teoría de la Satyagraha (aferrarse a la verdad) cobra importancia la idea de asumir la desobediencia como un deber moral y como un derecho. En sus mismas palabras: “la desobediencia civil es un derecho inherente a cada ciudadano y aquel que renuncia a este derecho deja de ser un hombre”.

En la tradición política occidental, mucho antes de Gandhi, ya se aceptaba que es justo resistir las decisiones de un régimen que abusa de sus poderes, que incumple sus compromisos o actúa con injusticia. En esta perspectiva, la injusticia siempre justificará la resistencia, dado que no necesariamente se deben cumplir las decisiones gubernamentales que nieguen las libertades básicas.

En la teoría política democrática contemporánea, es ya un lugar común aceptar que el disenso es necesario, que la mayoría puede equivocarse y que, con más frecuencia de lo que se piensa, el gobierno puede llegar a no representar la voluntad de la mayoría.

Estos temas, apenas expuestos en sus más gruesos contornos, encuentran eco en la realidad venezolana de nuestros días. El caso es que no basta con asumir, conforme a la dinámica democrática institucionalizada, un disenso justificado. Se trata, por el contrario, de impulsar cambios sustantivos, ante una realidad marcada por una muy profunda crisis política y social.

En Venezuela el gobierno no sólo abusa del poder sino que hace alarde de ese abuso anulando la institucionalidad del Estado y las competencias que la Constitución le asigna a esas mismas instituciones, con el único objetivo de mantener a cualquier precio en el poder a los responsables de la estafa política más grande de toda nuestra historia republicana.

Un gobierno abrumadoramente rechazado por los ciudadanos que se encuentra, además, impedido de invocar una legitimidad de ejercicio, que perdió gracias al desastre de su pésimo desempeño, ¿qué obligación de respeto y acatamiento puede exigirle a la sociedad? ¿Qué gratitud puede sentir el ciudadano por un gobierno que degradó su situación hasta el punto de imponerle una batalla cotidiana por la sobrevivencia? ¿Puede considerarse justo un sistema que encarcela al que piensa distinto pero le da poder a los delincuentes que roban y asesinan? Finalmente, ¿puede alguien resultar indiferente ante esta realidad?

La gente sabe que el gobierno no es parte de la solución sino del problema y hasta el pueblo chavista se siente traicionado y utilizado porque sabe que los poderosos utilizan los recursos del país en su provecho y en el de la camarilla de enchufados que exhibe abiertamente su enorme y mal habida riqueza, mientras el pueblo sufre con infinitas calamidades.

Sin embargo, el poder no da muestras de rectificación ni manifiesta disposición de respetar la voluntad de la mayoría que se expresó el 06 de diciembre de 2015. Por el contrario, se aferra al poder con la pretensión de seguir mandando, ya no sobre la base de la autoridad sino del autoritarismo. Por ello, cada vez se hace más evidente el uso de la represión para lograr la obediencia que no se alcanza con legitimidad democrática y eficaz desempeño.

Vivimos una auténtica desgracia en Venezuela. El daño del tejido social es profundo. No ha quedado nada sano de esta nefasta experiencia que lleva ya más de tres lustros. La promesa de bienestar y de niveles superiores de felicidad colectiva, gracias a la acción revolucionaria, hace rato se quebrantó.

El referéndum revocatorio nos da la posibilidad de construir un cambio en la dirección correcta. No perdamos el rumbo.

Luis Loaiza. 

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